Organizaciones, familias y prestadores se movilizaron frente a la Casa Rosada para exigir que se ponga en vigencia.
La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo tras el rechazo al veto presidencial, pero quedó suspendida por decisión del Gobierno, que condicionó su aplicación a la definición del financiamiento.
La ley establece medidas hasta diciembre de 2026 para garantizar medicamentos, tratamientos y regularización de pagos a prestadores. Sin embargo, ninguna de estas disposiciones se aplica en la actualidad.
La suspensión motivó el repudio de asociaciones civiles y profesionales, que advierten que la demora vulnera derechos ya reconocidos por la legislación.
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