La disposición fue establecida en los decretos 450 y 452 publicados en el Boletín Oficial y tiene alcance en todo el país.
El nuevo esquema establece que las facturas deberán discriminar únicamente los cargos correspondientes al servicio prestado, sin incluir tributos locales ni conceptos ajenos. Esta medida busca mayor transparencia en los importes cobrados y evitar que el Estado nacional quede vinculado a aumentos que no le corresponden.
Autoridades municipales cordobesas expresaron preocupación por el impacto fiscal que podría generar esta decisión. Al eliminarse la posibilidad de incluir tasas en las boletas de servicios, los municipios podrían enfrentar dificultades para recaudar esos fondos de manera directa, lo que podría afectar el financiamiento de sus gestiones. Algunos intendentes anticiparon que evaluarán acciones judiciales para cuestionar la medida.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la desregulación del mercado energético. El plan contempla la apertura a la competencia, la libre elección de proveedores por parte de los usuarios, la habilitación para importar y exportar energía, y la posibilidad de realizar contratos de compraventa entre privados. También se ratificó la ejecución de obras de infraestructura, entre ellas una línea de alta tensión de 500 kV que unirá Malvinas Argentinas, San Francisco (Córdoba) y Santo Tomé (Santa Fe).
Además, los decretos dispusieron la fusión de los entes reguladores Enargas y Enre en un nuevo organismo: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este ente tendrá 24 meses para adecuar su normativa y deberá coordinar medidas para mejorar la eficiencia del sistema, incluyendo la distribución del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
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