El concejal Nicolás Palomeque cuestionó con firmeza un proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal, que propone declarar la emergencia en la prestación del servicio de agua potable hasta el 31 de mayo del próximo año.
El punto más controvertido del proyecto es la incorporación de multas económicas a los vecinos que desperdicien agua, como por ejemplo lavando vehículos con manguera o llenando piletas.
Desde su banca, Palomeque planteó severas críticas a la iniciativa, señalando que el municipio busca responsabilizar a la comunidad por un servicio que, según él, presenta graves deficiencias desde hace años.
El concejal remarcó que la ciudad no cuenta con sistemas de medición del consumo de agua, lo que impide saber cuánto utiliza cada vecino y torna difícil hablar de un uso excesivo o irresponsable.
Según Palomeque, el sistema funciona de manera generalizada y sin control. Esto, aseguró, evidencia un uso recaudatorio del proyecto más que una verdadera preocupación por el recurso.
Además, indicó que el municipio no se ha hecho cargo del deficiente servicio que presta desde 2015, y que con esta medida pretende trasladar la carga a la ciudadanía.
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