El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionó duramente las políticas del Gobierno Nacional en materia de infraestructura vial, al advertir una serie de “contradicciones y falencias” en el esquema de concesiones que integrará la denominada Red Federal de Concesiones (RFC).
Según el organismo, el sistema vigente vulnera principios constitucionales, reproduce un modelo ineficiente de los años noventa y favorece a grupos empresarios históricamente vinculados a la “patria contratista”.
Desde CONADUV remarcaron que el actual régimen de “falso peaje” restringe el derecho al libre tránsito al no garantizar caminos alternativos sin costo. A su vez, sostienen que el cobro de peaje constituye una doble imposición, ya que los usuarios ya aportan al financiamiento vial a través del Impuesto a los Combustibles.
El documento también señala inconsistencias entre el discurso oficial y las acciones concretas del Ejecutivo. Mientras se afirma que las nuevas concesiones serán financiadas con capital privado, en los pliegos figuran fondos provenientes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), es decir, recursos públicos. Además, denuncian que se mantiene activa la empresa estatal Corredores Viales S.A., pese a que el Gobierno había anunciado su disolución.
Otro de los puntos críticos mencionados es la participación de las mismas compañías involucradas en concesiones anteriores, a las que se las relaciona con causas de corrupción en la obra pública. Según CONADUV, el nuevo esquema “repite un modelo fracasado”, centrado en el mantenimiento básico de rutas sin inversión real en ampliación o modernización de la red, pero con un fuerte incremento tarifario y más estaciones de peaje.
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