La designación de Laura Inés Lotitto reactivó el debate sobre el uso de cargos políticos en el Congreso y la coherencia entre los discursos públicos y las decisiones internas dentro del Senado de la Nación.
El nombramiento se concretó en 2025 bajo la categoría A3, con un salario bruto de $1.548.000 mensuales más adicionales. Hasta el año pasado, Lotitto se desempeñaba como camarera del bar-restaurante del Senado, donde había ingresado en 2012 en la categoría A9, con una remuneración cercana a los $501.000. El cambio de función implicó un fuerte salto salarial y la incorporación directa al equipo de asesores del legislador cordobés.
Las críticas surgieron principalmente por la falta de información pública sobre las tareas específicas que cumple en su nuevo rol y sobre la formación requerida para esa función. También se remarcó que Lotitto es oriunda de Lanús, provincia de Buenos Aires, y no registra antecedentes políticos conocidos en Córdoba, distrito al que Juez representa en la Cámara Alta.
El episodio adquiere mayor relevancia por el perfil público del propio senador, quien ha sostenido reiteradamente un discurso de austeridad, reducción del gasto público y cuestionamientos al tamaño del Estado. Para sectores críticos, la designación expone una contradicción entre esa postura y la ampliación de la planta de asesores con salarios significativamente más elevados.
Más allá del caso puntual, el nombramiento vuelve a poner bajo la lupa el volumen de asesores en el Senado y los criterios utilizados para estas designaciones, en un contexto de creciente reclamo social por mayor transparencia y control en el uso de los recursos públicos.
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