El Ministerio de Economía oficializó la disolución del programa mediante la Resolución 764/2025.

La medida implica el traspaso de la gestión de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A., manteniendo las condiciones establecidas en el contrato original de 2012.
La decisión se sustenta en la Ley N° 27.742, que permite la disolución de fondos fiduciarios públicos para optimizar el funcionamiento estatal. Según los fundamentos del decreto, el programa representaba una carga financiera y presentaba falencias de gestión detectadas por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación.
El Banco Hipotecario continuará la gestión de los créditos y podrá vender carteras con bajo rendimiento. Los bienes del fondo serán administrados por el Ministerio de Economía, que también podrá transferir inmuebles a otras jurisdicciones u organismos del Estado.
Las causas judiciales vinculadas al programa serán atendidas por el área jurídica del Ministerio de Economía designada para tal fin.
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