La medida se basa en una auditoría que habría detectado múltiples irregularidades en su funcionamiento durante el último año.
Entre los principales hallazgos se identificó la contratación de 62 personas sin documentación respaldatoria, demoras en la compra de autobombas, cambios unilaterales en especificaciones técnicas luego de adjudicaciones, falta de respaldo de los oferentes y dificultades para verificar pagos a prestadores de servicios aéreos.
El Fondo, que estaba destinado a financiar acciones clave para la prevención y combate de incendios forestales en todo el país, será absorbido por el Ministerio de Seguridad. La decisión se enmarca en una serie de reformas estructurales que viene impulsando el Ejecutivo.
En provincias como Río Negro y Córdoba, la resolución generó inquietud. En Bariloche, desde el Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, señalaron que el traspaso plantea dudas sobre la continuidad del financiamiento de brigadistas y del apoyo aéreo, elementos centrales durante las temporadas de alto riesgo.
En Córdoba, la Federación de Bomberos Voluntarios informó que el fondo no había aportado equipamiento en el último año, aunque advirtieron que su eliminación podría limitar futuras asistencias extraordinarias en caso de emergencias.
Junto al Fondo del Fuego, el decreto también ordenó la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), en todos los casos por irregularidades administrativas.
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