El beneficio, que tuvo vigencia durante apenas tres días hasta que se alcanzó el cupo de 7.000 millones de dólares fijado por la Secretaría de Agricultura, provocó malestar en entidades rurales y en varias provincias.
En este contexto, el ministro de Agroindustria de Córdoba, Sergio Busso, calificó los fundamentos del decreto como una burla hacia los productores. Señaló que la disposición no representó una oportunidad real para el campo y que estuvo orientada a un objetivo puntual del Gobierno nacional vinculado a la necesidad de obtener recursos ante la compleja situación económica.
El funcionario también cuestionó la falta de gestión de la administración central, subrayando que resulta difícil avanzar en temas de fondo debido a la ausencia de diálogo institucional.
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