El esquema, enviado a la Legislatura por el ministro Guillermo Acosta, busca fortalecer el consumo, promover inversiones y bajar la presión tributaria sobre sectores clave.
El ajuste más amplio se aplicará en Ingresos Brutos, donde pequeños comercios tendrán una baja del 30% en la alícuota (de 3,5% a 2,5%), mientras que empresas que inviertan accederán a alícuota cero. También habrá exenciones para zonas contempladas en la Ley de Igualdad Territorial, para educación y para el sistema de salud. Esta reducción implicará $450.000 millones menos de recaudación.
En el Inmobiliario Urbano, no habrá aumentos reales: la actualización máxima será del 29%. Además, gran parte de los contribuyentes tendrá rebajas o pagará lo mismo que en 2025, y 175.000 personas quedarán exentas. El impacto fiscal será de $200.000 millones.
El Inmobiliario Rural mantendrá el mecanismo acordado con el sector, con actualización según la inflación rural. Se suman descuentos para productores, beneficios por cumplimiento, incentivos a Buenas Prácticas Agropecuarias y exenciones para zonas protegidas o en emergencia. El costo fiscal estimado es de $250.000 millones.
Con estos cambios, el Gobierno sostiene que busca mejorar la competitividad provincial, simplificar el esquema impositivo y dejar más recursos en manos de familias y empresas durante 2026.
#Impuestos #Córdoba #Economía #Llaryora #Comercios #Agro #Producción #IngresosBrutos #Inmobiliario #Provinciales
Añadir comentario
Comentarios