La suspensión de una licitación para incorporar drones a la Policía de Córdoba derivó en un nuevo cruce entre el oficialismo provincial y la oposición, con el Tribunal de Cuentas como actor central del conflicto.
El proceso buscaba sumar drones y conformar la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) dentro de la fuerza policial, una iniciativa anunciada en 2025. El expediente quedó paralizado luego de que la mayoría del Tribunal de Cuentas votara en contra de avanzar con la contratación.
Tras la decisión, el gobernador Martín Llaryora cuestionó públicamente el rechazo y lo vinculó a una utilización política del tema seguridad. En la misma línea se expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien sostuvo que el freno impide incorporar una herramienta tecnológica considerada estratégica para la prevención del delito y afirmó que no se objetaron ni el precio ni el procedimiento de la licitación.
Desde la oposición, el senador Luis Juez defendió la actuación del organismo de control y argumentó que el proceso presentaba irregularidades, al considerar que la contratación estaba diseñada de manera direccionada. Además, endureció su postura al asociar el caso con presuntos hechos de corrupción y reclamar explicaciones a las autoridades provinciales.
El oficialismo remarca que áreas técnicas del propio Tribunal de Cuentas habían recomendado avanzar con la inversión, mientras que la oposición insiste en cuestionar la forma en que se planteó la contratación.
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