La asamblea de delegados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba resolvió aprobar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Martín Llaryora, luego de un proceso de negociación que incluyó modificaciones de último momento y tensiones internas.
El acuerdo fue avalado por 80 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones, en una definición marcada por diferencias entre departamentos. Previamente, el escenario indicaba una posible negativa mayoritaria, lo que motivó nuevas gestiones entre el Ejecutivo provincial y la conducción gremial encabezada por Roberto Cristalli para mejorar la oferta.
El entendimiento establece incrementos iniciales de entre el 18% y el 23% según el cargo, junto con actualizaciones mensuales atadas al índice de inflación hasta enero de 2027. Desde mayo, el ajuste se realizará en base al IPC provincial, reemplazando el esquema previo de aumentos fijos.
Entre los puntos destacados, se prevé una recomposición del incentivo docente, mejoras para jubilados y la eliminación de algunos topes salariales. También se incorporan adicionales específicos para cargos directivos y supervisores, y se incluye una cláusula que garantiza que cualquier mejora otorgada a otros sectores estatales se replique en el ámbito docente.
En el plano previsional, se acordó que los haberes de jubilados con ingresos menores a un determinado umbral se actualizarán con menor demora respecto a los activos, además de avanzar en discusiones vinculadas a la equidad jubilatoria.
La jornada estuvo atravesada por incidentes previos a la votación y por cuestionamientos sobre el rol de algunos delegados, en un contexto de fuerte debate interno dentro del gremio.
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