El intendente Damián Bernarte presentaría en el Concejo Deliberante su plan MOTOSIERRA, que propone una profunda reducción en el gasto político, con impacto inmediato.
La iniciativa incluye la eliminación de dos secretarías, la reestructuración del 30% de los cargos políticos —con reducción salarial incluida— y el congelamiento de sueldos de toda la planta política por al menos 120 días. A esto se suma una reorganización interna de las áreas municipales y un tope estricto al pago de horas extras.
Desde el gobierno aseguran que la situación es crítica: caída de la recaudación, recorte de fondos nacionales y una creciente demanda social.
Sin embargo, la batería de medidas despierta inquietud entre los trabajadores municipales. Aunque el anuncio hace foco en la planta política, muchos empleados temen que esta reestructuración sea solo el primer paso de un ajuste más amplio que termine afectando también sus condiciones laborales, ingresos y estabilidad.
Aún no hay precisiones oficiales sobre cómo impactará esta reorganización en las áreas operativas ni qué criterios se usarán para redistribuir funciones y tareas. Mientras tanto, el malestar crece en los pasillos municipales, donde circulan versiones sobre posibles recortes encubiertos en sectores sensibles.
El clima político promete estar cargado, no solo por la magnitud del ajuste, sino por la tensión social que puede generarse si el personal municipal comienza a verse afectado.
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