Señalan que, pese a ser considerados esenciales durante la pandemia, hoy enfrentan sueldos que no alcanzan la canasta básica, rondando los $650.000, y una marcada precarización en su situación laboral.
Entre los reclamos se destacan la falta de actualización salarial, el estancamiento en el crecimiento profesional por la postergación de la implementación de una carrera dentro del sistema público, y recientes presiones ejercidas sobre quienes participan en asambleas y medidas gremiales.
Además, trabajadores que concursaron para incorporarse a planta permanente denuncian intimidaciones que ponen en duda la continuidad de sus puestos.
Desde el sector sostienen que estas acciones atentan contra los derechos y garantías de los empleados, y remarcan la necesidad urgente de establecer canales de diálogo genuinos que prioricen mejoras estructurales en el sistema sanitario local.
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