El gobernador de Córdoba promulgó la medida histórica que prohíbe la candidatura de personas con condenas judiciales en segunda instancia a cargos electivos o ejecutivos. La norma, aprobada el 27 de diciembre con el respaldo unánime de 65 legisladores de distintos bloques, busca garantizar la transparencia y la ética en la política provincial.
La ley establece que no podrán postularse a cargos públicos provinciales, municipales o comunales, ni ocupar posiciones partidarias, aquellos condenados por delitos dolosos a penas privativas de libertad o inhabilitación. Este alcance incluye delitos contemplados en el Código Penal y en leyes especiales, con sentencias firmes dictadas por tribunales provinciales, nacionales o federales.
El gobernador destacó que la sanción de esta norma es fruto del consenso entre fuerzas políticas. Según expresó, la ley promueve “los más altos estándares de integridad” en quienes aspiran al servicio público, consolidando a Córdoba como referente en la lucha por una política más justa y representativa.
El texto final, resultado de tres iniciativas impulsadas por legisladoras de diferentes bloques, también introduce modificaciones al Código Electoral Provincial y al Régimen Jurídico de Partidos Políticos. Con esta promulgación, Córdoba lidera el camino hacia una gestión pública basada en la ética y la transparencia.
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