El cuestionamiento surge a partir de la información que indica que más de 70 exintendentes, inhabilitados para la reelección, han sido incorporados a la estructura legislativa, percibiendo salarios que no contribuyen al desarrollo provincial, sino que perpetúan intereses partidarios.
“Es alarmante que, mientras la Provincia destina más de 25.000 millones de pesos a la Legislatura, gran parte de esos recursos se utilicen para mantener este sistema de contrataciones en lugar de atender prioridades urgentes, como la educación”, expresaron los ediles.
En ese sentido, enfatizaron que con esos fondos se podrían haber mejorado los sueldos docentes, quienes hoy enfrentan una realidad salarial precaria y alejada del reconocimiento que su labor merece.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Provincial y a la Legislatura para que cesen estas prácticas de clientelismo político y garanticen el uso transparente y responsable de los recursos públicos, priorizando el bienestar de la comunidad.
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