La iniciativa tiene como objetivo elevar los estándares éticos en la función pública y partidaria del municipio.
La norma establece que no podrán postularse a cargos públicos electivos municipales ni desempeñarse como funcionarios de la Municipalidad aquellas personas que tengan condena por delito doloso en segunda instancia.
Con esta medida, Sacanta refuerza su compromiso con la transparencia, la honestidad y la calidad institucional, marcando un precedente en la región que podría ser adoptado por otras localidades vecinas.
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