A la par, cuatro países optaron por la abstención: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea.
La decisión nacional se produjo pocos días después de la exposición del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, ante el Comité Contra la Tortura. En aquella instancia, el funcionario aprovechó su intervención para cuestionar a los organismos de derechos humanos, relativizar la dimensión represiva de la última dictadura y promover la idea de una “memoria completa”.
Paralelamente, representantes enviados por Patricia Bullrich defendieron sin matices el protocolo antipiquetes que las fuerzas de seguridad aplican desde diciembre de 2023.
Las reacciones no tardaron. Desde el ámbito legislativo, Juliana di Tullio expresó que este giro rompe con consensos democráticos construidos desde 1983, mientras que el ex embajador Roberto Carlés advirtió que este cambio de postura implica un retroceso simbólico para un país con la historia de Argentina en materia de derechos humanos.
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