El Poder Ejecutivo nacional confirmó que no aplicará de manera plena la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a una orden judicial que exige su cumplimiento en un plazo determinado. Desde la Casa Rosada sostienen que no cuentan con los recursos necesarios para financiar lo dispuesto por la norma.
La definición se produce tras la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad acreditar avances concretos para cumplir la ley, bajo apercibimiento de sanciones. No obstante, el Gobierno anticipó que no ejecutará las medidas en los términos fijados por la Justicia.
En ese contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para evaluar alternativas. Entre ellas, se analiza un cumplimiento parcial y el envío de un nuevo proyecto al Congreso para modificar la normativa vigente.
Durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el oficialismo ya había intentado dejar sin efecto esta ley, iniciativa que no prosperó por la oposición parlamentaria. De persistir el incumplimiento, la sentencia prevé posibles multas y responsabilidades judiciales para funcionarios nacionales.
Organizaciones vinculadas a la discapacidad advierten que la decisión profundiza el impacto sobre familias que dependen de prestaciones y pensiones para sostener tratamientos y servicios esenciales.
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