Expresaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, a través del cual el Gobierno amplió el listado de actividades consideradas esenciales, obligando a garantizar un funcionamiento mínimo de entre el 50 y el 75% incluso durante medidas de fuerza sindicales.
Desde la central obrera manifestaron preocupación ante lo que consideran un intento de restringir el derecho constitucional a la huelga. Según señalaron, el decreto afecta directamente a millones de trabajadores al imponer nuevas condiciones sin previo debate o análisis.
Ante esta situación, la CGT advirtió que evalúa la judicialización del decreto y anticipó que continuará defendiendo los derechos laborales en todos los ámbitos que considere necesarios.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo indicaron que la central sindical estaba al tanto de la decisión antes de su publicación, y que el canal de diálogo entre ambas partes continúa abierto.
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