El Concejo Deliberante aprobó este jueves la adhesión municipal a la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece herramientas para actuar sobre inmuebles vinculados con actividades ilícitas.
El proyecto fue fundamentado por Matías Beccaría, presidente del bloqque Hacemos Unidos por Córdoba, quien antes de la sesión explicó, en diálogo con La Política San Francisco, los principales alcances de la iniciativa y el rol que tendrá el municipio.
“Básicamente, esta ley intenta quitarle la infraestructura y la logística tanto al narcomenudeo como al delito en general”, señaló Beccaría. En ese sentido, explicó que se apunta a evitar que propiedades abandonadas o deterioradas puedan convertirse en refugios o espacios utilizados para actividades delictivas, siempre que exista evidencia que permita demostrar esa situación.
La legislación provincial contempla intervenciones sobre inmuebles que puedan ser utilizados para la comercialización de estupefacientes, el ocultamiento de personas prófugas o el almacenamiento de elementos relacionados con delitos.
Sobre la participación local, Beccaría sostuvo que “el municipio de San Francisco, a través de la adhesión a esta ley, muestra la clara convicción de acompañar al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de la Provincia en general”.
El concejal aclaró que esa colaboración estará limitada a las atribuciones municipales y dependerá de la reglamentación de la ley y de los convenios que posteriormente se establezcan con las autoridades provinciales.
“Es un granito de arena que los municipios adherentes están poniendo justamente para colaborar con la autoridad de aplicación”, afirmó el edil oficialista.
La normativa establece que el abandono o deterioro de una propiedad, por sí solo, no habilita una intervención. Deberán existir elementos objetivos que acrediten un riesgo concreto para la seguridad pública o una relación comprobable con actividades ilícitas.
Entre las medidas previstas aparecen inspecciones, intimaciones, cerramientos de accesos, sellados, señalización, restricciones de ingreso y controles perimetrales. En situaciones que involucren ocupantes, conflictos de derechos o requieran medidas de mayor alcance, la actuación quedará en manos de la Justicia.
Con la ordenanza aprobada, el municipio podrá colaborar territorial, técnica y operativamente con la Provincia, aunque no se convertirá en autoridad de aplicación ni asumirá competencias correspondientes al Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial.
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